La primera: hace un par de semanas, y justo el día de las elecciones salvadoreñas, escribí sobre la agenda de los candidatos en materia de género (diciendo que no la tenían o que no era dada a conocer; que no era tema, digamos) y de la poca cobertura que los medios daban a esto (ya sea a la agenda de género o a la falta de una agenda de género)...Continué "investigando" y el amigo José Luis me mandó también información. Descubrí dos cosas: la casi única cobertura sobre este tema se encontraba sólo en los sitios web de campaña y, además, todas las actividades proselitistas que eventualmente podrían encuadrarse como políticas públicas en materia de mujeres, habían sido conducidas por las futuras "primeras damas" de los dos candidatos, respectivamente. Claro, de los temas de mujeres, que se ocupen las mujeres...
Prueba de esto puede verse aquí, acá, allá y también en este otro link.
Hoy recibí gracias a un docente universitario de periodismo en El Salvador, los resultados de un monitoreo sobre la cobertura mediática de las elecciones que, justamente, en su punto 4 se refiere a la participación de las mujeres en el proceso electoral y al escaso espacio de los temas de género en la agenda mediática. Puede consultarse el informe haciendo click aquí.
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La segunda: recomendar esta nota editorial de El Faro.net que copio aquí abajo, sobre la inminente prescripción penal del caso de una niña de nueve años que fue violada y asesinada en El Salvador en 1999.
La publicación original de este texto puede encontrarse en este link.
A Katya Miranda la mató el sistema
Publicada el 30 de marzo de 2009 - El Faro
El sábado 4 de abril prescribe el caso de Katya Miranda. La menor, violada y asesinada hace diez años, cuando ella tenía apenas nueve, se ha convertido en la víctima más emblemática de un sistema que parece, como este caso lo evidencia, más proclive a mantener la impunidad que a administrar justicia.
A Katya Miranda la raptaron, violaron y asesinaron en un rancho familiar, en el que estaban su hermana menor, sus abuelos, sus tíos y su padre (o quién sabe si estaba ahí su padre. Las declaraciones hasta ahora, durante diez años, han sido encontradas). Un capitán del ejército (Jorge Miranda); un militar miembro de la guardia presidencial (el papá, Edwin Miranda); un jefe policial (Godofredo Miranda) y un abogado (Carlos Miranda, el abuelo).
Ahí, a la mañana siguiente, cuando encontraron su cuerpo en la playa, su tío Godofredo, un experto en resguardar escenas de crímenes debido a su cargo como jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales de la PNC, permitió que sus familiares contaminaran la escena del asesinato de su propia sobrina. Y posteriormente permitió también que los fiscales asignados al caso hicieran lo mismo. Los fiscales asignados al caso violaron los más básicos procedimientos de resguardo y recolección de pruebas y permitieron también que el cuerpo de la niña fuera trasladado por el abuelo y el padre de la niña y no por las autoridades competentes; que la ropa de la menor y la tienda de campaña de la que fue sustraída permanecieran en manos de su abuelo.
Hace apenas unos días se conoció, de voz de la fiscalía, que Medicina Legal deliberadamente alteró la autopsia de la menor “por órdenes superiores”. Pero hace apenas unos días, también, el mismo fiscal informó que la única investigación abierta es la que lo llevó a la reciente captura de siete adultos acusados del secuestro de la menor, porque como hace diez años se llevó a cabo el juicio por violación y asesinato, y los inculpados fueron sobreseídos porque la fiscalía no sustentó el caso, no se puede ya juzgar a esos mismos individuos por el mismo delito. Y a partir del próximo 4 de abril no se podrá ya juzgar jamás a nadie por ese hecho.
Nunca la fiscalía abrió una investigación sobre la actuación de las autoridades competentes en este caso. Nunca se investigó a los fiscales de turno aquella triste mañana, ni a los forenses de medicina legal, ni a los “superiores” que dieron la orden de alterar la autopsia. Nunca, entonces, sabremos por qué quisieron alterar la autopsia, a quién protegían y por qué. Pero sí sabemos ya que forenses y fiscales actuaron en flagrante obstrucción de la justicia. Es decir, las autoridades encargadas de perseguir el delito conspiraron para proteger a los delincuentes. Y eso, al actual fiscal, le parece que se soluciona pidiendo “disculpas” por los “errores” cometidos por la fiscalía durante la administración anterior a la suya.
El asesinato de Katya Miranda y la impunidad en que ha permanecido durante diez años ha atraido una extraordinaria atención mediática y ha sido seguido por todos los salvadoreños. Que un caso que acapara la atención nacional haya sido tratado de la forma en que ha sido tratado sólo demuestra que la impunidad se ha impuesto como norma en el sistema judicial salvadoreño. Que si hubo una conspiración para proteger a los culpables de la violación y el asesinato de Katya Miranda, las víctimas cuyos casos no alcanzan las dimensiones mediaticas de éste no tienen muchas esperanzas de que se haga justicia. En una reciente entrevista, Hilda María Jiménez, la mamá de Katya Miranda, explicó por qué tuvo que ser ella, y no los asesinos de su hija, la que tuvo que abandonar el país por seguridad: “porque el Òrgano Judicial salvadoreño es corrupto”. El caso de su hija, manipulado por las autoridades, así lo demuestra.
El sábado 4 de abril se cumplen 10 años de la violación y asesinato de Katya Miranda. La impunidad del sistema judicial salvadoreño permitió a sus asesinos perpetrar tal atrocidad en medio de más de una decena de personas. Esa misma impunidad impide, diez años después, que Katya Miranda y todos los menores víctimas en El Salvador descansen en paz.
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