“Género y Justicia al Descubierto”: qué premio creen que recibiría Ugolini?

Se lanzó la edición 2010 de los premios “Género y Justicia al Descubierto”. Se pueden nominar y votar decisiones y pronunciamientos judiciales para elegir, por un lado, aquellos que más favorezcan los derechos de las mujeres y, por otro, aquellos que más restrinjan la equidad de género. En Argentina, la actual candidata al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente hubiera ganado en el año 2000, el premio al pronunciamiento más sexista.

Premios Género y Justicia al Descubierto 2010 from Women's Link Worldwide on Vimeo.

Alguna vez alguien adjetivó la relación entre feminismo y derecho como “apasionada”. Creo que fue Isabel Cristina Jaramillo en la introducción al libro de Robin West, Género y Teoría del Derecho. Arriesgada la elección de palabras, teniendo en cuenta que “lo pasional” ha servido al derecho penal para invisibilizar al femicidio durante años. Debe decirse igual que la relación feminismo y derecho o derecho y feminismo es bastante compleja. El derecho, como construcción social que es, ha contribuido y continua contribuyendo a cristalizar situaciones de desigualdad entre varones y mujeres. Esto no sucede sólo a través de las leyes, sino a partir de diferentes instituciones jurídicas y en las decisiones judiciales, que claro!, también son normas.

Aquí lo bueno de “Género y Justicia al Descubierto”. El certamen permite poner bajo la lupa las decisiones y pronunciamientos de operadores judiciales y elegir a las tres decisiones o pronunciamientos que mejor contribuyen a la equidad de género y las tres que más restringen los derechos de las mujeres. Cualquier persona puede participar nominando pronunciamientos y sentencias. La única condición es que estén en castellano o inglés. Un jurado selecciona los pronunciamientos ganadores y también se entrega un premio especial a las decisiones elegidas por el público.

Este concurso y el adjetivo utilizado por Jaramillo me llevan inevitablemente a pensar una vez más en lo que sucede actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, que por estos días elige a la persona que ocupará un sillón en el Superior Tribunal de Justicia local.

Dejando por un momento al margen la larga lista de irregularidades que vician el procedimiento de selección en curso, lo cierto es que la abogada Daniela Bruna Ugolini –propuesta por el oficialismo como candidata-, ha sostenido en repetidas oportunidades opiniones jurídicas que desconocen el derecho internacional de los derechos humanos vigente en el país y la ciudad.

Si en lugar de la selección de un/a juez/a para el más alto tribunal de la Ciudad, esto fuera “Género y Justicia al Descubierto”, Ugolini hubiera ganado sin duda el garrote de oro al pronunciamiento más sexista. En el 2000, cuando ejercía el cargo de Procuradora General de la Ciudad de Buenos Aires, Ugolini recomendó al Ministerio de Salud de la Ciudad que exigiera a las mujeres casadas que quisieran realizarse una ligadura tubaria, que pidieran primero autorización a sus maridos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad tuvo que salir a denunciar esta recomendación.

Afortunadamente, en 2006, el Congreso Nacional utilizó su facultad de dictar normas para zanjar cualquier disputa. Fue un buen uso del derecho. Sancionó la ley 26.130 que con fundamento en los derechos humanos jerarquizados constitucionalmente en 1994 –bastante tiempo antes de la recomendación emitida por la candidata Ugolini-, estableció expresamente que cualquier persona mayor de edad puede por su simple voluntad acceder a una contracepción quirúrgica (en el caso de las mujeres, ligadura de las trompas de Falopio) sin restricción alguna.

Pese a todo esto y dando un nuevo paso atrás, la Ciudad de Buenos Aires de hoy, promueve instalar en el más alto tribunal local a la abogada Ugolini. Lo que en otras palabras significa, instalar posiciones jurídicas regresivas para las mujeres en lugares estratégicos del poder judicial. Y ello, aún cuando el derecho positivo, tantas veces criticado, ya las ha superado en Argentina.

pese a la sentencia de la Corte Constitucional, pocos avances del aborto en Colombia...

Copio aquí un editorial de El Tiempo.com que me pasa el amigo Mauricio A.

Fuente: El Tiempo.com

Conejo al aborto

Hace tres años, el 10 de mayo del 2006, la sentencia 355 de la Corte Constitucional legalizó la interrupción del embarazo en Colombia en tres circunstancias especiales: peligro para la vida de la mujer, malformaciones que hagan inviable la vida del feto y violación. Sin embargo, las expectativas que este fallo generó están lejos de cumplirse: ni los abortos han dejado la peligrosa clandestinidad, ni la ley se está cumpliendo a cabalidad.

Como lo confirmó hace unos meses un estudio de la influyente revista The Lancet, el impacto de la despenalización del aborto ha sido mínimo. Además de la falta de conciencia de las mujeres acerca de los derechos que la nueva legislación contempla, una de las razones encontradas es la negativa generalizada de los médicos a interrumpir los embarazos -aun cuando los casos cumplan con todos los requisitos estipulados en la ley-.

Un ejemplo de esta situación se presentó en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. La Secretaría de Salud de la capital multó el pasado 5 de febrero a esta entidad jesuita por negarse a practicar un aborto legal. Esta sanción, la primera contra una institución de salud y aún en trámite, sienta un importante precedente, ya que desnuda una cruda realidad: usando los más diversos argumentos, hospitales, médicos, EPS y jueces están negándoles a las mujeres este derecho.

Que un doctor católico se oponga a practicar un aborto legal por razones de conciencia no está en discusión. El debate estriba en si las instituciones, como un hospital propiedad de una orden católica o una EPS, pueden aducir esas razones para evitar el cumplimiento de la ley. Este es un tema espinoso, que toca fibras íntimas y colectivas de una sociedad mayoritariamente católica y, por principios religiosos, contraria a la medida.

No obstante, por más dura que les parezca a ciertos sectores sociales, la ley es la ley. La sentencia de la Corte Constitucional no podía ser más clara en especificar las circunstancias en las que la legislación nacional acepta que una mujer interrumpa voluntariamente su embarazo. Esto implica que todos los actores del sistema de salud, sin excepción, están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho. Así mismo, que las entidades del Estado, como la Secretaría de Salud capitalina, deben vigilar el cumplimiento de las normas, hacer los seguimientos pertinentes y dictar las sanciones a que haya lugar.

Por ende, causa sorpresa la poca claridad que hay sobre el número exacto de abortos practicados en estos tres años de vigencia de la legalización. Mientras el Ministerio de la Protección Social reporta 201 en el país y la Secretaría de Salud de Bogotá habla de 219 solo en la capital, las ONG los calculan en unos 3.000. Lo cierto es que, según un informe de la Procuraduría del año pasado, los prejuicios sociales que despierta el tema, sumados a un sinnúmero de trabas de profesionales e instituciones médicas, están impidiendo la aplicación expedita y masiva de esta normatividad.

Sea por razones de "conciencia colectiva", por prejuicios o por falta de información de los operadores de la salud, el balance de los tres años del aborto legal en Colombia deja mucho que desear. Brillan por su flagrante ausencia campañas informativas del Ministerio de la Protección, así como un mejor seguimiento de los datos. Causan preocupación también declaraciones de funcionarios del Ministerio Público que estarían en contra de hacer efectiva la medida, como si las leyes fueran de cumplimiento opcional. Indudablemente, la mejor defensa para las mujeres está en el conocimiento de sus derechos y en la conciencia para exigir su aplicación. La diferencia con el pasado reciente radica en que ahora la ley las respalda.