Las prácticas políticas del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires no dejan de preocupar. No sólo preocupan por su matriz autoritaria, uno de los rasgos que más se han dejado ver en el último año. Preocupan también y desde un primer momento por su falta de ética y transparencia. Preocupan especialmente, por su falta de comprensión de que cuando hablamos de políticas públicas no hablamos de una eficiencia y eficacia en la gestión vacías de contenidos. Justamente, hablamos de gestión PUBLICA. Hablamos de dar respuesta en su conjunto a las necesidades de la compleja y diversa sociedad que habita esta Ciudad. Todo esto resulta en que las personas más excluidas, las que se encuentran en situaciones más vulnerables, sean las que sistemáticamente son colocadas cada vez más en los márgenes del sistema. Parece entonces que todas esas personas fueran menos personas. Y eso preocupa.
Esta semana, las legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires que componen la Comisión de Mujer, trataron los proyectos (de varios/as legisladores/as que lograron hacer un texto consensuado) que buscan regular con rango de ley, los procedimientos que deben tener lugar en los casos de aborto no punible.
El dictamen que preveía el archivo de las actuaciones frente al texto de protocolo consensuado, fue el que más votos obtuvo: los 4 votos del oficialismo en la comisión. Sí, si ya hicieron sus matemáticas correctamente hasta aquí, deberían haber entendido bien: las 4 mujeres que representan en nombre del partido oficialista a las mujeres de la ciudad en la comisión de mujer, votaron en contra de los derechos de esas mujeres.
A las legisladoras oficialistas de la Comisión –insisto: todas mujeres ellas-, poco parece importarles la autonomía de la mujer (y eso que estamos hablando únicamente de los casos permitidos por el Código Penal!!). Parece ser que las mujeres y niñas de esta ciudad no están exentas de esa ciudadanía de segunda, de esa nueva categoría que podríamos dar en llamar “menos persona que persona”.
Este tipo de protocolos son herramientas que permiten estandarizar los procedimientos frente a casos de aborto no punibles, para evitar la demora en el tratamiento médico a partir de la introducción de mayores requisitos que los que prevé el código penal, tales como juntas médicas, comités de bioética e incluso la exigencia de la mismísima denuncia penal.
La falta de este tipo de regulación esconde una doble moral. En el sistema médico de Argentina, las mujeres que se encuentran en mejor posición socioeconómica pueden acceder a médicos del sistema privado de salud y habitualmente consiguen acceder a un aborto seguro y oportuno en aquellos casos no penados por la ley. Acceden al aborto, incluso también, en los casos penados. Mientras tanto, las mujeres más pobres, deben sortear una serie de obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo. Demás está decir las dificultades a las que se enfrentan cuando aquella interrupción no es legal. Recordemos ahora, que en Argentina, la principal causa de mortalidad materna son las complicaciones por aborto.
Esto es responsabilidad del Estado nacional y también del local. La negativa y la dilación en brindar acceso a un aborto seguro en los casos legales es una violación de derechos humanos. Somos las mujeres las que debemos decidir si queremos abortar. El Estado no puede decidir por nosotras.
Parece, sin embargo, que esto poco importa al oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Por nuestra parte, tenemos una razón más para preocuparnos.
