Democratizar el Derecho para empoderar las Mujeres

Democratização do Direito:
um olhar sobre o curso de Promotoras Legais Populares.

Fernanda Castro Fernandes Universidade de São Paulo
Flávia Schilling Universidade de São Paulo

Este artigo discute como um curso de formação jurídica, chamado “Promotoras Legais Populares”, é capaz de promover a democratização do direito. Esse desafio será entendido tendo como ponto de partida a possibilidade de conhecer os direitos e seus instrumentos de efetivação. Ponto de partida, pois a compreensão de que há problemas comuns às mulheres, a sensação de pertencimento, também é parte fundamental para a possibilidade do exercício dos direitos. As linhas abaixo analisam a experiência vivida em trabalho de campo durante o 11º curso de formação de Promotoras Legais Populares, na cidade de São Paulo, Brasil, em 2005, traçando um perfil das alunas participantes, suas expectativas e vivências.

http://www.ried-ijed.org/spanish/articulo.php?idRevista=9&idArticulo=29

otra política de Macri que preocupa: el aborto no punible en Buenos Aires

Las prácticas políticas del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires no dejan de preocupar. No sólo preocupan por su matriz autoritaria, uno de los rasgos que más se han dejado ver en el último año. Preocupan también y desde un primer momento por su falta de ética y transparencia. Preocupan especialmente, por su falta de comprensión de que cuando hablamos de políticas públicas no hablamos de una eficiencia y eficacia en la gestión vacías de contenidos. Justamente, hablamos de gestión PUBLICA. Hablamos de dar respuesta en su conjunto a las necesidades de la compleja y diversa sociedad que habita esta Ciudad. Todo esto resulta en que las personas más excluidas, las que se encuentran en situaciones más vulnerables, sean las que sistemáticamente son colocadas cada vez más en los márgenes del sistema. Parece entonces que todas esas personas fueran menos personas. Y eso preocupa.

Esta semana, las legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires que componen la Comisión de Mujer, trataron los proyectos (de varios/as legisladores/as que lograron hacer un texto consensuado) que buscan regular con rango de ley, los procedimientos que deben tener lugar en los casos de aborto no punible.

El dictamen que preveía el archivo de las actuaciones frente al texto de protocolo consensuado, fue el que más votos obtuvo: los 4 votos del oficialismo en la comisión. Sí, si ya hicieron sus matemáticas correctamente hasta aquí, deberían haber entendido bien: las 4 mujeres que representan en nombre del partido oficialista a las mujeres de la ciudad en la comisión de mujer, votaron en contra de los derechos de esas mujeres.

A las legisladoras oficialistas de la Comisión –insisto: todas mujeres ellas-, poco parece importarles la autonomía de la mujer (y eso que estamos hablando únicamente de los casos permitidos por el Código Penal!!). Parece ser que las mujeres y niñas de esta ciudad no están exentas de esa ciudadanía de segunda, de esa nueva categoría que podríamos dar en llamar “menos persona que persona”.

Este tipo de protocolos son herramientas que permiten estandarizar los procedimientos frente a casos de aborto no punibles, para evitar la demora en el tratamiento médico a partir de la introducción de mayores requisitos que los que prevé el código penal, tales como juntas médicas, comités de bioética e incluso la exigencia de la mismísima denuncia penal.

La falta de este tipo de regulación esconde una doble moral. En el sistema médico de Argentina, las mujeres que se encuentran en mejor posición socioeconómica pueden acceder a médicos del sistema privado de salud y habitualmente consiguen acceder a un aborto seguro y oportuno en aquellos casos no penados por la ley. Acceden al aborto, incluso también, en los casos penados. Mientras tanto, las mujeres más pobres, deben sortear una serie de obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo. Demás está decir las dificultades a las que se enfrentan cuando aquella interrupción no es legal. Recordemos ahora, que en Argentina, la principal causa de mortalidad materna son las complicaciones por aborto.

Esto es responsabilidad del Estado nacional y también del local. La negativa y la dilación en brindar acceso a un aborto seguro en los casos legales es una violación de derechos humanos. Somos las mujeres las que debemos decidir si queremos abortar. El Estado no puede decidir por nosotras.

Parece, sin embargo, que esto poco importa al oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Por nuestra parte, tenemos una razón más para preocuparnos.

“Género y Justicia al Descubierto”: qué premio creen que recibiría Ugolini?

Se lanzó la edición 2010 de los premios “Género y Justicia al Descubierto”. Se pueden nominar y votar decisiones y pronunciamientos judiciales para elegir, por un lado, aquellos que más favorezcan los derechos de las mujeres y, por otro, aquellos que más restrinjan la equidad de género. En Argentina, la actual candidata al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente hubiera ganado en el año 2000, el premio al pronunciamiento más sexista.

Premios Género y Justicia al Descubierto 2010 from Women's Link Worldwide on Vimeo.

Alguna vez alguien adjetivó la relación entre feminismo y derecho como “apasionada”. Creo que fue Isabel Cristina Jaramillo en la introducción al libro de Robin West, Género y Teoría del Derecho. Arriesgada la elección de palabras, teniendo en cuenta que “lo pasional” ha servido al derecho penal para invisibilizar al femicidio durante años. Debe decirse igual que la relación feminismo y derecho o derecho y feminismo es bastante compleja. El derecho, como construcción social que es, ha contribuido y continua contribuyendo a cristalizar situaciones de desigualdad entre varones y mujeres. Esto no sucede sólo a través de las leyes, sino a partir de diferentes instituciones jurídicas y en las decisiones judiciales, que claro!, también son normas.

Aquí lo bueno de “Género y Justicia al Descubierto”. El certamen permite poner bajo la lupa las decisiones y pronunciamientos de operadores judiciales y elegir a las tres decisiones o pronunciamientos que mejor contribuyen a la equidad de género y las tres que más restringen los derechos de las mujeres. Cualquier persona puede participar nominando pronunciamientos y sentencias. La única condición es que estén en castellano o inglés. Un jurado selecciona los pronunciamientos ganadores y también se entrega un premio especial a las decisiones elegidas por el público.

Este concurso y el adjetivo utilizado por Jaramillo me llevan inevitablemente a pensar una vez más en lo que sucede actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, que por estos días elige a la persona que ocupará un sillón en el Superior Tribunal de Justicia local.

Dejando por un momento al margen la larga lista de irregularidades que vician el procedimiento de selección en curso, lo cierto es que la abogada Daniela Bruna Ugolini –propuesta por el oficialismo como candidata-, ha sostenido en repetidas oportunidades opiniones jurídicas que desconocen el derecho internacional de los derechos humanos vigente en el país y la ciudad.

Si en lugar de la selección de un/a juez/a para el más alto tribunal de la Ciudad, esto fuera “Género y Justicia al Descubierto”, Ugolini hubiera ganado sin duda el garrote de oro al pronunciamiento más sexista. En el 2000, cuando ejercía el cargo de Procuradora General de la Ciudad de Buenos Aires, Ugolini recomendó al Ministerio de Salud de la Ciudad que exigiera a las mujeres casadas que quisieran realizarse una ligadura tubaria, que pidieran primero autorización a sus maridos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad tuvo que salir a denunciar esta recomendación.

Afortunadamente, en 2006, el Congreso Nacional utilizó su facultad de dictar normas para zanjar cualquier disputa. Fue un buen uso del derecho. Sancionó la ley 26.130 que con fundamento en los derechos humanos jerarquizados constitucionalmente en 1994 –bastante tiempo antes de la recomendación emitida por la candidata Ugolini-, estableció expresamente que cualquier persona mayor de edad puede por su simple voluntad acceder a una contracepción quirúrgica (en el caso de las mujeres, ligadura de las trompas de Falopio) sin restricción alguna.

Pese a todo esto y dando un nuevo paso atrás, la Ciudad de Buenos Aires de hoy, promueve instalar en el más alto tribunal local a la abogada Ugolini. Lo que en otras palabras significa, instalar posiciones jurídicas regresivas para las mujeres en lugares estratégicos del poder judicial. Y ello, aún cuando el derecho positivo, tantas veces criticado, ya las ha superado en Argentina.