La semana pasada, el Congreso hondureño sancionó una ley que, de buenas a primeras, prohíbe la compra, venta, uso y distribución de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (mal conocida –por lo erróneo del período en que resulta efectiva- como “píldora del día después”).
Y cuando digo “de buenas a primeras”, debe leerse literal. Un día antes de la sanción, una diputada del Partido Liberal (y aparente seguidora del Opus Dei, según surge de esta nota) presentó el proyecto para la prohibición de la AHE. El fundamento? el que se ha escuchado por los tribunales argentinos y chilenos con bastante efectividad: que es abortiva… (entiendo que el lector o lectora interesado/a en este blog está al tanto de lo incorrecto de dicha aseveración. En cualquier caso, puede consultarse aquí la guía de procedimientos para profesionales de la salud del Ministerio de Salud de Argentina, que resulta por demás clara y documentada sobre este punto).
En definitiva, hasta acá, no hay ningún embarazo que interrumpir, porque no hay fecundación siquiera.
Ahora bien, un documento publicado en 2005 por el Centro de Derechos de Mujeres en Honduras, señala que, (ahora sí) en casos de interrupción del embarazo, las mujeres hondureñas recurren habitualmente a 1) la ingesta de líquidos desconocidos entregados por una partera; 2) la ingesta de hierbas; 3) la colocación de una sonda en el útero hasta que se producen contracciones; 4) pastillas vaginales recetadas por doctor/a; 5) pastillas orales recetadas por doctor/a; 6) legrado en clínica clandestina; 7) succión en clínica clandestina y 8) succión en clínica legal (Centro de Derechos de Mujeres, “Nunca antes lo había hablado”. El aborto testimonio de mujeres hondureñas, Tegucigalpa, 2005).
Como sabemos, la mayoría de estos métodos no son seguros para la vida de la mujer. En Honduras, las complicaciones por aborto, son una de las principales causas por las que las mujeres en edad reproductiva son atendidas en los hospitales (Centro de Derechos de Mujeres, La atención post-aborto en el Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa, Honduras, Tegucigalpa, 2006). Al menos, el Centro de Derechos de Mujeres pudo entrevistar a 122 mujeres que en un período de 5 semanas se atendieron por esta causa en sólo uno de los hospitales del país (simple matemática nos lleva a un promedio aproximado de 1200 mujeres por año, insistimos, sólo en ese mismo hospital. Ahora, recuérdese también que estamos hablando únicamente de las mujeres que llegan al hospital porque sufren complicaciones post-aborto).
Dicho esto, si la venta –pero sobre todo la distribución (¡!), porque imagino que quien tiene dinero seguramente la podrá seguir consiguiendo en el mercado negro y me preocupan especialmente aquellas mujeres que la recibían gratis– de la AHE es prohibida, ¿esto no empeoraría la situación que acabo de describir?
Me pregunto entonces, ¿cuál es el límite de la hipocresía?
Y cuando digo “de buenas a primeras”, debe leerse literal. Un día antes de la sanción, una diputada del Partido Liberal (y aparente seguidora del Opus Dei, según surge de esta nota) presentó el proyecto para la prohibición de la AHE. El fundamento? el que se ha escuchado por los tribunales argentinos y chilenos con bastante efectividad: que es abortiva… (entiendo que el lector o lectora interesado/a en este blog está al tanto de lo incorrecto de dicha aseveración. En cualquier caso, puede consultarse aquí la guía de procedimientos para profesionales de la salud del Ministerio de Salud de Argentina, que resulta por demás clara y documentada sobre este punto).
En definitiva, hasta acá, no hay ningún embarazo que interrumpir, porque no hay fecundación siquiera.
Ahora bien, un documento publicado en 2005 por el Centro de Derechos de Mujeres en Honduras, señala que, (ahora sí) en casos de interrupción del embarazo, las mujeres hondureñas recurren habitualmente a 1) la ingesta de líquidos desconocidos entregados por una partera; 2) la ingesta de hierbas; 3) la colocación de una sonda en el útero hasta que se producen contracciones; 4) pastillas vaginales recetadas por doctor/a; 5) pastillas orales recetadas por doctor/a; 6) legrado en clínica clandestina; 7) succión en clínica clandestina y 8) succión en clínica legal (Centro de Derechos de Mujeres, “Nunca antes lo había hablado”. El aborto testimonio de mujeres hondureñas, Tegucigalpa, 2005).
Como sabemos, la mayoría de estos métodos no son seguros para la vida de la mujer. En Honduras, las complicaciones por aborto, son una de las principales causas por las que las mujeres en edad reproductiva son atendidas en los hospitales (Centro de Derechos de Mujeres, La atención post-aborto en el Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa, Honduras, Tegucigalpa, 2006). Al menos, el Centro de Derechos de Mujeres pudo entrevistar a 122 mujeres que en un período de 5 semanas se atendieron por esta causa en sólo uno de los hospitales del país (simple matemática nos lleva a un promedio aproximado de 1200 mujeres por año, insistimos, sólo en ese mismo hospital. Ahora, recuérdese también que estamos hablando únicamente de las mujeres que llegan al hospital porque sufren complicaciones post-aborto).
Dicho esto, si la venta –pero sobre todo la distribución (¡!), porque imagino que quien tiene dinero seguramente la podrá seguir consiguiendo en el mercado negro y me preocupan especialmente aquellas mujeres que la recibían gratis– de la AHE es prohibida, ¿esto no empeoraría la situación que acabo de describir?
Me pregunto entonces, ¿cuál es el límite de la hipocresía?
